Después de más de un año de negociaciones, el 19 de diciembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el nuevo tratado comercial con México y Canadá (T-MEC). Las modificaciones se enfocan en normas laborales y de protección ambiental, así como en mayor flexibilidad sobre las reglas que afectan la fabricación de medicamentos; temas prioritarios para el partido demócrata estadounidense.
Ahora se espera que el Congreso de México –el único que había ratificado el acuerdo suscrito en octubre de 2018– vote próximamente el protocolo de ajuste. En todo caso, el T-MEC entrará en vigor al completarse los trámites internos de los tres países parte. Entre los cambios destacan que el 40% del costo de los vehículos comerciados en el bloque deberá provenir de plantas que paguen al menos US$16 la hora; el establecimiento de mecanismos para verificar la aplicación (en México) de las obligaciones laborales acordadas; reglas de origen más estrictas para acero y aluminio; y la reducción del plazo de exclusividad para producir biomedicinas de 10 a 5 años.
Tanto el uso abierto de normas laborales para evitar el traslado de empresas a economías en desarrollo, como de reglas de origen más estrictas para insumos de producción y el favorecimiento de periodos más cortos de protección de propiedad intelectual, podrían llegar a tener un impacto internacional. De convertirse en tendencia –entre naciones con desventajas comparativas en términos de costos de producción o promotoras de políticas nacionalistas–, estas herramientas potencialmente perjudicarían a los consumidores y desincentivarían las inversiones en investigación e innovación, entre otros efectos.
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