Hace más de un mes que iniciaron en Nicaragua las protestas contra el régimen presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Las demostraciones iniciaron el 18 de abril debido a una propuesta oficialista para reformar el programa de seguridad social, que provocó el descontento de la sociedad civil y los empresarios. No obstante, fue el uso de la fuerza por parte del ejército, las policía y grupos informales afines al gobierno, lo que desató un movimiento contra el gobierno. La más contundente de las demandas populares: la salida de los Ortega Murillo del poder. Sobre la mesa de diálogo hoy se encuentran el adelanto de las elecciones nacionales y la prohibición de la reelección presidencial.
Los primeros intentos de diálogo, entre el gobierno y los representantes de diversos grupos civiles no han sido fructíferos. Las partes se acusan mutuamente de actos de violencia y de irrespeto a la tregua pactada. En el conflicto han muerto más de 70 personas, el número de heridos y desaparecidos aún se desconoce, y más de 400 personas han sido arrestadas.
La crisis afectó inicialmente al sector turístico y de servicios. De manera paulatina, el efecto negativo de los bloqueos y manifestaciones se ha extendió al comercio, la inversión extranjera directa y las exportaciones. El 15 de mayo, la Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN) contabilizó pérdidas cercanas a US$ 50 millones, solo en los primeros tres días de cierre de carreteras.
El gobierno estima que las pérdidas económicas en el país ascienden a US$ 258.9 millones. Esta semana, el Banco Central de Nicaragua estimó que la economía crecerá entre 3% y 3.5% en 2018. Las perspectivas se encuentran dos puntos porcentuales debajo de las que se realizaron al inicio del año.
La administración Ortega Murillo tiene menos capital político para continuar al frente del país. Más allá de los riesgos inmediatos de la ingobernabilidad, la crisis plantea dudas sobre la sostenibilidad del gobierno hasta el fin de su periodo oficial en 2021.
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